¿Participación??

A continuación, reproducimos el aparte de la comunicación del sr. Edgar Fernando Erazo Camacho, Director de Planeación y Gestión Ambiental en la que niega toda posibilidad de participación en la formulación del Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca del Río Salitre.

Creemos que este funcionario y sus “asesores” no han leido nunca la Constitución Nacional, que desde su preámbulo pregona la solidaridad y la participación., así como el artículo 1 nos dice que “Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista”.

A su vez, el artículo 2 resalta que uno de los fines esenciales del Estado es el de facilitar la participación. Qué decir del artículo 79:  Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Hace días solicitamos por derecho de petición a la SDA que nos entregara los documentos producidos por el contratista llamado Universidad MIlitar respecto a la Cuenca del Río Salitre.

En dos oportunidades nos ha sido negado, contraviniendo (violando) el derecho a la información.

Para colmo de males, el sr. Edgar Fernando Erazo Camacho, Director de Planeación y Gestión Ambiental, niega toda posibilidad de participación en el POMCA del Río Salitre, violando flagrantemente el ordenamiento constitucional, la legislación administrativa, la normatividad ambiental nacional, el derecho de caracter distrital y la política pública distrital. El texto completo de sus respuestas puede ser consultado y bajado de la página http://riosalitre.wordpress.com/documentos/ .

Esta es la magistral pieza jurídica con la que el funcionario desconoce las posibilidades de participación en el POMCA Salitre.

“De acuerdo con lo que establece el Decreto 1729 de 2002, la participación de los actores sociales se realiza a partir de la fase prospectiva, sin embargo al revisar los términos de referencia sobre los cuales se soportó la suscripción del Convenio No. 080 de 2007 con la Universidad Militar Nueva Granada, se observa la incorporación del componente de participación desde la etapa inicial del proceso.

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la formulación del Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca del Rio Salitre tiene lugar como desarrollo del Convenio Interadministrativo No. 526 de 2007 entre las autoridades ambientales competentes, que en este caso son la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR y esta Secretaría, razón por la cual los procesos y procedimientos para la formulación del POMCA de la Cuenca, deben ser acordados entre las dos entidades; aspecto que incluye la definición de las instancias de participación en el proceso, las cuales en la actualidad son objeto de trabajo en el marco de la comisión mencionada.

Debido a lo anterior, se acordó con la Universidad Militar Nueva Granada que los documentos generados como productos del convenio corresponden al insumo técnico del POMCA y que los procesos participación en las instancias definidas para su ejercicio, serán adelantados de manera directa por las entidades distritales involucradas en el proceso y la Secretaría Distrital de Ambiente, bajo el enfoque de ciclos crecientes con que se desarrolla el proceso de la formulación”.

Creemos que nunca ha leido el artículo 79 CN: Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo.  Ni tampoco la ley 99 de 1993,  art. 1, numeral 12. El manejo ambiental del país, conforme a la Constitución Nacional, será descentralizado, democrático y participativo. Ni tampoco, en su comunicación consulta el espíritu de la legislación contenido en el Titulo X de la misma ley, en especial el art. 69: Del Derecho a Intervenir en los Procedimientos Administrativos Ambientales. Cualquier persona natural o jurídica, pública o privada, sin necesidad de demostrar interés jurídico alguno, podrá intervenir en las actuaciones administrativas iniciadas para la expedición, modificación o cancelación de permisos o licencias de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente o para la imposición o revocación de sanciones por el incumplimiento de las normas y regulaciones ambientales. Esperamos el resultado de las quejas que varios de los integrantes de esta Mesa han presentado ante diversas entidades de control.